La justicia francesa condenó este lunes, por segunda vez en una década, a un antiguo jefe de Estado a una pena de prisión. Nicolas Sarkozy, presidente de la República entre 2007 y 2012, fue declarado culpable de corrupción y tráfico de influencias. Su mentor, Jacques Chirac, había sido condenado por malversación en 2011. El tribunal impuso al conservador Sarkozy una pena de tres años de prisión, de los que solo tendrá que cumplir uno, y podrá hacerlo bajo vigilancia domiciliaria. La condena complica sus ambiciones políticas, que nunca ha abandonado. El expresidente recurrirá la sentencia.
Según el tribunal, Sarkozy ofreció contrapartidas en 2014 a un fiscal a cambio de informaciones y ayuda en una causa que le afectaba. Junto al expresidente, fueron condenados a las mismas penas su abogado, Thierry Herzog, y un antiguo abogado general (fiscal) de la Corte de Casación, Gilbert Azibert. El tribunal consideró probado, tras el juicio celebrado a finales de 2020, que los tres participaron en un “pacto de corrupción”, desvelado gracias a las escuchas en una línea telefónica secreta que usaban Sarkozy y Herzog, y que estaba registrada bajo el nombre falso de Paul Bismuth.
El tribunal reprochó a Sarkozy que “hubiese utilizado su estatuto de antiguo presidente de la República y las relaciones políticas y diplomáticas que tejió cuando estaba en ejercicio para gratificar a un magistrado que había servido a su interés personal”. También es grave, según los jueces, que quien cometió los hechos en cuestión fuese alguien que, cuando ocupó la jefatura del Estado, era “el garante de la independencia de la Justicia”.
La abogada del expresidente, Jacqueline Laffont, declaró su “indignación” e “incomprensión” ante la sentencia y anunció un recurso, que deja en suspenso la sentencia. El expresidente no hizo declaraciones. El tribunal ha establecido que podrá cumplir la pena “bajo régimen de detención domiciliaria bajo vigilancia electrónica”, con un brazalete, por ejemplo. Y de los tres años de la sentencia solo se le aplicará uno.
Sarkozy, de 66 años, llegó al poder con un aura de reformista que iba a modernizar Francia, pero la crisis financiera de 2008 y su estilo personalista e impulsivo marcaron un mandato de cinco años que terminó con su derrota ante el socialista François Hollande en 2012. Desde entonces, los escándalos han perseguido a quien fue último tótem de la derecha francesa, el último capaz de unificarla, su último presidente.
El antiguo jefe de Estado nunca abandonó los sueños de regresar al palacio del Elíseo, y coqueteaba con la idea de aparecer como el hombre providencial si en 2022, año de las próximas elecciones presidenciales, por cualquier motivo Macron debiese renunciar o si Francia viviera una situación de crisis profunda. Personas que han tratado con él le atribuyen esta frase: “Si hay caos, es Sarko”.
Más allá de estas hipótesis, que ya antes de la condena parecían improbables, Sarkozy seguía siendo el referente, el político a quien cualquiera con ambiciones iba a visitar en su despacho de la rue Miromesnil, cerca del Elíseo, para recibir sus consejos o su bendición. La influencia del expresidente se extiende más allá de su partido, Los Republicanos (LR): uno de sus discípulos avanzados es el ministro del Interior de Emmanuel Macron, Gérald Darmanin, quien tras conocerse la condena le transmitió su “apoyo amistoso”.
La condena no es definitiva, y el expresidente difícilmente tirará la toalla ante lo que él considera una conspiración de jueces y fiscales en su contra, una instrumentalización de la justicia para acabar con él como figura pública. La batalla no ha hecho más que empezar. El 17 de marzo afronta otro juicio por los gastos de la campaña para la reelección en 2012. Y carga con una imputación por la posible financiación por parte de la Libia de Muamar el Gadafi de la campaña de 2012.
En vídeo, la reacción de Frederik Karel Canoy, abogado de las acusaciones civiles, que asegura que esta sentencia sirve para confirmar que la justicia francesa es independiente.(REUTERS)
Críticas a la sentencia
Pero, tras la sentencia de este lunes, le puede resultar más difícil mantener su ascendente en el campo conservador, cada vez más fragmentado, y amenazado por partida doble. De un lado, por una extrema derecha que atrae a sus votantes más radicales. Del otro, por el centroderecha de Macron que erosiona el flanco más moderado de la derecha tradicional.
Varios dirigentes de la derecha francesa han criticado la condena. “Apoyo indefectible a Nicolas Sarkozy”, escribió en la red social Twitter Christian Jacob, presidente de Los Republicanos. Y añadió: “La severidad de la pena es absolutamente desproporcionada y reveladora del encarnizamiento judicial de una institución muy contestada. Deberá hacerse toda la luz sobre los métodos y la independencia de la PNF”. La PNF son las siglas francesas de la institución en la que Sarkozy ve el enemigo jurado, la Fiscalía Nacional Financiera, creada en 2013 para combatir el fraude fiscal y la delincuencia económica y financiera a gran escala.
Las muestras de solidaridad también vinieron de su círculo familiar. La esposa de Sarkozy, la cantante Carla Bruni, escribió en su cuenta de Instagram: “Encarnizamiento insensato, mi amor”, junto a una foto de ambos en actitud cariñosa. “El combate continúa, la verdad saldrá a la luz”, añadió.
De los cuatro jefes de Estado que Francia ha tenido en el último cuarto de siglo, dos han sido condenados a penas de cárcel, y ambos pertenecen a la misma familia política. Chirac, antecesor inmediato de Sarkozy, no cumplió los dos años que le impuso el tribunal debido a su edad y estado de salud.
La Constitución francesa establece que el presidente de la República es inviolable ante la ley por actos cometidos durante su mandato, pero no por actos sin relación con el ejercicio de sus funciones. En este último caso puede ser procesado una vez que abandona el cargo. Tanto Chirac, que murió en 2019, como Sarkozy han sido condenados por hechos cometidos antes de llegar a la presidencia o después de abandonarla.
LAS ESCUCHAS TELEFÓNICAS QUE ABONARON EL CASO
El caso Bismuth, por el que el expresidente francés Nicolas Sarkozy ha sido condenado por corrupción y tráfico de influencias, tiene su origen a principios de 2014. En aquel momento, a Sarkozy le preocupaban las agendas que la justicia había incautado en el caso Bettencourt, del que fue posteriormente exonerado. Para recuperar las agendas, había interpuesto un recurso ante la Corte de Casación.
Sarkozy y su abogado y amigo íntimo Thierry Herzog, en sus conversaciones telefónicas, hablaban sobre cómo lograr que el abogado general (fiscal) Gilbert Azibert, amigo a su vez de Herzog, les informase del ambiente interno en la Corte de Casación respecto al recurso para recuperar las agendas, y quizá influyese en la decisión. Y mencionaban la posibilidad de que, a cambio de estas informaciones, Sarkozy hiciera valer su influencia ante Alberto de Mónaco para que Azibert obtuviese la plaza que anhelaba en el Consejo de Estado del principado. “Yo le haré subir, le ayudaré”, le decía el expresidente al abogado, según una de las grabaciones que sirvieron para destapar el caso. “Yo me ocupo porque voy a Mónaco y veré al príncipe”.
Durante el juicio, Nicolas Sarkozy alegó que las frases inculpatorias de esas grabaciones se habían sacado de contexto y que se trataba de charlas amistosas en las que suelen decirse frases intrascendentes. También argumentó que la prueba de que no había existido corrupción alguna es que ni él ganó el recurso por las agendas, ni Azibert fue nombrado en Mónaco. “Jamás he cometido el mínimo acto de corrupción. ¡Jamás!”, proclamó. Al mismo tiempo, admitió que a lo largo de la vida había hecho multitud de favores a amigos, y a amigos de amigos.
